Paloma Crespo detalla el alcance normativo de la nueva Directiva de Aguas Residuales Urbanas en SMAGUA 2025

El 6 de marzo de 2025 se celebró en el Centro de Congresos de Feria Zaragoza la Jornada “Los nuevos contaminantes y los retos en el tratamiento de aguas residuales urbanas”, organizada por ADECAGUA en el marco de SMAGUA 2025. Este encuentro técnico reunió a representantes de la administración pública, el mundo académico, laboratorios especializados y empresas gestoras del ciclo urbano del agua para abordar los desafíos que plantea la reciente Directiva (UE) 2024/3019.

La normativa, aprobada el 27 de noviembre de 2024, marca un punto de inflexión en la gestión de las aguas residuales urbanas en Europa, al establecer requisitos mucho más exigentes en el tratamiento, control y financiación de los contaminantes emergentes.

Paloma Crespo, jefa de área de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), intervino en la jornada con una ponencia titulada “Novedades legislativas en la gestión de la calidad de las aguas”, en la que expuso con precisión el alcance y las implicaciones de esta nueva directiva.

Durante su presentación, Crespo explicó que esta norma no representa una simple actualización de la legislación existente, sino un cambio estructural en el modelo de saneamiento urbano. Aprobada en el contexto del Plan de Acción para la Contaminación Cero de la UE, la directiva introduce exigencias como el tratamiento cuaternario obligatorio para aglomeraciones de más de 150.000 habitantes equivalentes, la exigencia de neutralidad energética en más de 800 estaciones depuradoras, y la implantación de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) como vía de financiación complementaria.

La ponente subrayó que el principio One Health —que integra salud ambiental, animal y humana— articula toda la filosofía de la normativa. También destacó que esta nueva directiva refunde y amplía el alcance de otras anteriores, como las relativas a lodos, aguas de baño o abastecimiento, lo que la convierte en un paquete legislativo integral y ambicioso.

Crespo advirtió sobre los plazos clave para su implementación: julio de 2027 como fecha límite para la transposición a la normativa nacional, y los horizontes de 2035 y 2045 como etapas para el cumplimiento de los requisitos técnicos más exigentes. Asimismo, recordó que España afronta esta nueva fase con cuatro procedimientos de infracción abiertos en materia de saneamiento, uno de ellos con una sanción activa de tres millones de euros cada seis meses.

En cuanto a la estrategia nacional de adaptación, informó que el Ministerio ya ha puesto en marcha grupos de trabajo para definir indicadores, coordinar la implementación normativa y avanzar en la estandarización de metodologías analíticas. Más de 700 aglomeraciones urbanas podrían verse afectadas por la exigencia de tratamiento cuaternario, según las estimaciones preliminares.

La ponencia de Paloma Crespo evidenció la dimensión transversal del reto que plantea esta nueva directiva, que afectará por igual a operadores, administraciones, industria y ciudadanía. Un mensaje claro quedó sobre la mesa: el cumplimiento normativo ya no será posible sin una transformación profunda y coordinada del sistema de depuración en España.