La Unión Europea aprueba la nueva Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas

En un paso crucial hacia la sostenibilidad y la mejora del medioambiente, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado la versión actualizada de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Esta reforma, que tiene como objetivo abordar los desafíos emergentes en la gestión de aguas, incorpora medidas más estrictas y amplía su alcance a aglomeraciones más pequeñas, mejorando significativamente el control sobre la contaminación del agua.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es la reducción del umbral de habitantes equivalentes para el tratamiento de aguas residuales. A partir de ahora, las aglomeraciones que superen los 1.000 habitantes equivalentes deberán cumplir con los requisitos de tratamiento establecidos por la UE, lo que ampliará la cobertura de la normativa a un mayor número de localidades. Esto contribuirá a eliminar vertidos sin tratar y reducir los impactos ambientales en zonas que previamente estaban desprotegidas.

En su esfuerzo por hacer frente a la creciente preocupación por los microcontaminantes, como los productos farmacéuticos y cosméticos, la Directiva revisada exige que los productores de estos contaminantes se hagan responsables de cubrir al menos el 80% de los costes adicionales del tratamiento de las aguas residuales. Esta medida, implementada bajo el principio de "quien contamina paga", busca incentivar a los productores a asumir la responsabilidad de los impactos ambientales de sus productos.

La Directiva también introduce un enfoque más ambicioso para la eficiencia energética en el sector del tratamiento de aguas. Para 2045, todas las plantas de tratamiento de aguas residuales que procesen una carga de 10.000 habitantes o más deberán ser neutrales en términos de energía, utilizando energía renovable generada por las propias instalaciones. Esto representará un cambio significativo hacia la descarbonización de este sector, uno de los mayores consumidores de energía en el ámbito público.

Además, la nueva normativa establece plazos concretos para la eliminación de contaminantes orgánicos y nutrientes en las aguas residuales, con objetivos a cumplir entre 2035 y 2045. Esto incluye la obligación de aplicar tratamientos secundarios y terciarios para reducir la carga orgánica biodegradable y eliminar el nitrógeno y fósforo, lo que mejorará la calidad del agua vertida en los ecosistemas.

Con el fin de fomentar la adaptación de los Estados miembros, la Directiva también incluye excepciones para aquellos países con infraestructuras deficientes o con inversiones ya realizadas para cumplir con la legislación anterior, como Rumanía, Bulgaria y Croacia.

Este avance legislativo, que forma parte de la estrategia de la UE para lograr una "contaminación cero", marca un hito importante en la protección de los recursos hídricos y la sostenibilidad ambiental. Con la entrada en vigor de la Directiva en las próximas semanas, los Estados miembros tendrán 31 meses para adaptar sus legislaciones nacionales y poner en práctica estas reformas que son cruciales para un futuro más limpio y eficiente en el uso de los recursos.